El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, no gana para disgustos en su relación con el campo: luego de lo que fue la polémica cuando el Banco Nación estuvo a punto de cerrar sus sucursales en esa provincia tras una suba de impuestos provinciales, ahora entró en un nuevo frente de conflicto con el sector.

¿El problema? La Ley 3.288, de "Gestión Integral de Plaguicidas", que fue sancionada en 2020, pero todavía no se aplica porque aún no se ha reglamentado. En las últimas semanas comenzaron a conocerse los borradores de esa reglamentación y esto generó crispación en las asociaciones que representan a los productores, que salieron a recordar su "firme rechazo" a esta normativa, y a pedir no solo que no se aplique, sino que sea directamente derogada.

LA LEY DE PLAGUICIDAS DE LA PAMPA

En concreto, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Carbap, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural), más los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), el Centro de Acopiadores de Cereales, la Asociación de Profesionales Agropecuarios La Pampa (APALP), la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios (CEPIA) y la Cámara de Propietarios de Maquinaria Agrícola de La Pampa (Caproma), expresaron su "firme rechazo a la implementación de la Ley 3288, por los graves perjuicios que provocará a la producción agropecuaria pampeana y por sus defectos de origen".

Es válido decir, en este contexto, que no es común que todas las entidades que representan al sector se unan de esta manera para manifestar su descontento.Al respecto, en el comunicado fundamentan tres motivos por los que están en desacuerdo con la normativa:

a- En su redacción no se tuvo en cuenta el largo y fecundo trabajo realizado en el seno de la COPROSAVE para la actualización de la Ley 1173 en el que participaron referentes de entidades públicas y privadas.

b- Durante su tratamiento legislativo se soslayaron todos los aportes realizados por organismos técnicos y de entidades representativas del sector agropecuario, los que incluyeron serios y fundados argumentos acerca de sus nocivas consecuencias.

c- La falta de aporte técnico en su redacción y tratamiento hace que al día de hoy la Ley 3288 ya esté desactualizada y contenga serios vacíos ante los avances tecnológicos.

Como si esto no fuera poco, el borrador de reglamentación de la Ley incluiría más problemas -según la mirada de las entidades-, bajo el siguiente detalle:

a- Incrementar hasta lo imposible la carga burocrática innecesariamente.

b- Atentar contra el derecho a la propiedad privada que está amparado por las Constituciones Nacional y Provincial.

c- Criminalizar la actividad agropecuaria.

d- Impactar fuertemente en los productores agropecuarios pampeanos, muy especialmente en los de menor infraestructura administrativa.

"Por todo lo manifestado, las entidades abajo firmantes rechazan el tratamiento de la Reglamentación, advierten acerca de las serias consecuencias de insistir en su implementación y solicitan la derogación de la Ley 3288 por parte del poder legislativo", prosigue el comunicado.Y cierra: "Y se comprometen como lo hemos hecho cada vez que se nos convocó, a trabajar en una nueva Ley que cuide la Salud, el Ambiente y la Producción de nuestra querida provincia de La Pampa".