Tras la crisis económica global provocada por la pandemia del covid-19, tanto economías avanzadas como emergentes incrementaron el gasto público para reactivar la actividad económica. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha enfatizado en su blog oficial la importancia de este enfoque en el contexto de la recuperación pospandémica.

El multiplicador keynesiano del gasto público es un concepto esencial para comprender cómo la inversión estatal puede dinamizar la economía. En una economía sin inflación, un aumento en el gasto público incrementa la demanda agregada. Por ejemplo, una obra pública requiere insumos como cemento, metal, aluminio y otros materiales de construcción. Si estos se producen localmente, se estimula la producción nacional, se generan empleos y, de manera circular, se fortalece la demanda interna. Esto ya da una idea de a dónde vamos.

El FMI ha señalado que "en períodos de gran incertidumbre, aumentar la inversión pública en un 1% del PIB puede impulsar un crecimiento del 2,7%, incrementar la inversión privada en un 10% y el empleo en un 1,2% en dos años". Esto subraya que, en tiempos de incertidumbre, el efecto apalancador de la inversión pública es aún más significativo. Sin embargo, es crucial considerar que, históricamente, por cada punto de aumento del PIB, las importaciones tienden a crecer un 3% (o mucho más cuando se viene de una recesión), lo que implica una mayor demanda de divisas, especialmente en períodos poscrisis.

No obstante, la actual gestión del gobierno de Javier Milei ha seguido un rumbo opuesto al recomendado por los organismos internacionales y la experiencia histórica. Desde diciembre de 2023, la inversión en obra pública ha sufrido un desplome sin precedentes. Según datos oficiales, la ejecución del gasto de capital cayó en un 77,2% en términos reales en el acumulado de 2024 respecto al año anterior. Este ajuste ha paralizado miles de proyectos en todo el país, afectando desde la construcción de escuelas y hospitales hasta grandes infraestructuras energéticas y viales.

A modo de ejemplo, según datos del Instituto Argentina Grande (IAG), el recorte en la obra pública nacional ha llevado a un deterioro significativo del estado de las rutas de todo el país. La falta de mantenimiento ha generado baches, falta de señalización visible debido al crecimiento de pastizales en banquinas y colectoras, y un incremento en los accidentes viales. En particular, la Ruta Nacional 3, un corredor clave para el transporte de carga hacia la Patagonia, ha visto paralizadas sus obras de ampliación, lo que aumenta el riesgo de siniestros. Desde abril de 2024, funcionarios provinciales han denunciado esta situación, mientras que en enero de 2025 ya se registraron múltiples accidentes, incluyendo una colisión fatal en el kilómetro 228 que resultó en la muerte de un automovilista.

El impacto de la reducción del gasto en infraestructura se refleja en los datos del presupuesto abierto: en términos reales, la inversión de la Dirección Nacional de Vialidad cayó un 72% en 2024 respecto a 2023. La provincia de Buenos Aires fue la más afectada, con una reducción del 85,9% en los fondos devengados, seguida de Córdoba (-80,6%), Santa Fe (-77,8%) y Mendoza (-53,9%). A pesar de que el impuesto a los combustibles, que financia en parte la infraestructura vial, tuvo un incremento del 33,9% en términos reales, los fondos no fueron reasignados proporcionalmente, generando un desbalance en la inversión y dejando sin mantenimiento a rutas clave como la 7 y la 188.

Mientras que las erogaciones en jubilaciones han rebotado por la fórmula de indexación (que igual las pisó por debajo de promedios anteriores), los gastos de capital -que incluyen inversión en infraestructura como obras viales- se han mantenido en niveles significativamente bajos a lo largo del período. Esta tendencia refuerza la evidencia del fuerte ajuste en la obra pública, alineándose con la caída del 72% en la inversión de Vialidad Nacional en 2024.

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Al analizar las principales variaciones en el gasto público, se nota de manera contundente la reducción drástica en la inversión en obra pública desde el inicio de la gestión de Milei. La obra pública sufrió el mayor recorte explicando el 23% del ajuste (seguido por las jubilaciones con el 19%). Este fenómeno no solo impacta la infraestructura y el desarrollo territorial, sino que también afecta de forma indirecta a sectores clave como la construcción y la industria manufacturera. La caída del gasto en infraestructura energética es particularmente preocupante, ya que compromete la competitividad y el crecimiento a largo plazo del país.

En efecto, según datos del IAG, las variaciones del gasto e inversiones del SPN base caja (precios constantes, acumulado 2024 sobre 2023), fueron muy negativas en todos los rubros. Por ejemplo, los subsidios económicos (energía y transporte) disminuyeron 32,8%, las transferencias a universidades, 25,4%, las transferencias a provincias, 67,7%, entre otros.

Mientras que en 2023 la inversión en infraestructura mantuvo un nivel significativo, el ajuste fiscal extremo implementado por el gobierno actual ha reducido drásticamente los desembolsos. Esta política se enmarca en una estrategia de "shock" que busca equilibrar las cuentas fiscales a través de una contracción abrupta del gasto público, o sea que de algún modo, el ancla es el desarrollo futuro.

Como señalan diversos estudios, la inversión pública tiene un fuerte efecto multiplicador en la economía. Un informe de la Central de Ideas del BCRA estimó que cada peso invertido en obra pública genera 2,8 veces su valor en actividad económica adicional en el transcurso de un año. Al eliminar esta fuente de impulso, se corre el riesgo de profundizar la recesión y debilitar la recuperación del consumo y la inversión privada, tal como estamos viendo.

Entonces, la inversión en obra pública no solo provee la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, sino que también actúa como un motor clave para la economía. Su colapso durante la actual gestión plantea serias dudas sobre las perspectivas de crecimiento y generación de empleo en 2025 y en los próximos años. La experiencia internacional y los propios datos económicos nacionales muestran que una reducción tan abrupta en el gasto de capital puede tener efectos negativos persistentes. Resta por ver si el Gobierno reconsiderará su estrategia o si mantendrá el ajuste a costa de un mayor deterioro económico y social.