12 de marzo de 2025
Tras la crisis económica global provocada por la pandemia del covid-19, tanto economías avanzadas como emergentes incrementaron el gasto público para reactivar la actividad económica. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha enfatizado en su blog oficial la importancia de este enfoque en el contexto de la recuperación pospandémica.
El multiplicador
keynesiano del gasto público es un concepto esencial para comprender cómo la
inversión estatal puede dinamizar la economía. En una economía sin inflación,
un aumento en el gasto público incrementa la demanda agregada. Por ejemplo, una
obra pública requiere insumos como cemento, metal, aluminio y otros materiales
de construcción. Si estos se producen localmente, se estimula la producción
nacional, se generan empleos y, de manera circular, se fortalece la demanda
interna. Esto ya da una idea de a dónde vamos.
El FMI ha señalado que
"en períodos de gran incertidumbre, aumentar la inversión pública en un 1% del
PIB puede impulsar un crecimiento del 2,7%, incrementar la inversión privada en
un 10% y el empleo en un 1,2% en dos años". Esto subraya que, en tiempos de
incertidumbre, el efecto apalancador de la inversión pública es aún más
significativo. Sin embargo, es crucial considerar que, históricamente, por cada
punto de aumento del PIB, las importaciones tienden a crecer un 3% (o mucho más
cuando se viene de una recesión), lo que implica una mayor demanda de divisas,
especialmente en períodos poscrisis.
No obstante, la actual
gestión del gobierno de Javier Milei ha seguido un rumbo opuesto al recomendado
por los organismos internacionales y la experiencia histórica. Desde diciembre
de 2023, la inversión en obra pública ha sufrido un desplome sin precedentes.
Según datos oficiales, la ejecución del gasto de capital cayó en un 77,2% en
términos reales en el acumulado de 2024 respecto al año anterior. Este ajuste
ha paralizado miles de proyectos en todo el país, afectando desde la
construcción de escuelas y hospitales hasta grandes infraestructuras
energéticas y viales.
A modo de ejemplo,
según datos del Instituto Argentina Grande (IAG), el recorte en la obra pública
nacional ha llevado a un deterioro significativo del estado de las rutas de
todo el país. La falta de mantenimiento ha generado baches, falta de
señalización visible debido al crecimiento de pastizales en banquinas y
colectoras, y un incremento en los accidentes viales. En particular, la Ruta
Nacional 3, un corredor clave para el transporte de carga hacia la Patagonia,
ha visto paralizadas sus obras de ampliación, lo que aumenta el riesgo de
siniestros. Desde abril de 2024, funcionarios provinciales han denunciado esta
situación, mientras que en enero de 2025 ya se registraron múltiples
accidentes, incluyendo una colisión fatal en el kilómetro 228 que resultó en la
muerte de un automovilista.
El impacto de la
reducción del gasto en infraestructura se refleja en los datos del presupuesto
abierto: en términos reales, la inversión de la Dirección Nacional de Vialidad
cayó un 72% en 2024 respecto a 2023. La provincia de Buenos Aires fue la más
afectada, con una reducción del 85,9% en los fondos devengados, seguida de
Córdoba (-80,6%), Santa Fe (-77,8%) y Mendoza (-53,9%). A pesar de que el
impuesto a los combustibles, que financia en parte la infraestructura vial,
tuvo un incremento del 33,9% en términos reales, los fondos no fueron
reasignados proporcionalmente, generando un desbalance en la inversión y
dejando sin mantenimiento a rutas clave como la 7 y la 188.
Mientras que las erogaciones en jubilaciones han rebotado por la fórmula de indexación (que igual las pisó por debajo de promedios anteriores), los gastos de capital -que incluyen inversión en infraestructura como obras viales- se han mantenido en niveles significativamente bajos a lo largo del período. Esta tendencia refuerza la evidencia del fuerte ajuste en la obra pública, alineándose con la caída del 72% en la inversión de Vialidad Nacional en 2024.
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Al analizar las
principales variaciones en el gasto público, se nota de manera contundente la
reducción drástica en la inversión en obra pública desde el inicio de la
gestión de Milei. La obra pública sufrió el mayor recorte explicando el 23% del
ajuste (seguido por las jubilaciones con el 19%). Este fenómeno no solo impacta
la infraestructura y el desarrollo territorial, sino que también afecta de
forma indirecta a sectores clave como la construcción y la industria
manufacturera. La caída del gasto en infraestructura energética es
particularmente preocupante, ya que compromete la competitividad y el
crecimiento a largo plazo del país.
En efecto, según datos
del IAG, las variaciones del gasto e inversiones del SPN base caja (precios
constantes, acumulado 2024 sobre 2023), fueron muy negativas en todos los
rubros. Por ejemplo, los subsidios económicos (energía y transporte)
disminuyeron 32,8%, las transferencias a universidades, 25,4%, las
transferencias a provincias, 67,7%, entre otros.
Mientras que en 2023 la
inversión en infraestructura mantuvo un nivel significativo, el ajuste fiscal
extremo implementado por el gobierno actual ha reducido drásticamente los
desembolsos. Esta política se enmarca en una estrategia de "shock" que busca
equilibrar las cuentas fiscales a través de una contracción abrupta del gasto
público, o sea que de algún modo, el ancla es el desarrollo futuro.
Como señalan diversos
estudios, la inversión pública tiene un fuerte efecto multiplicador en la
economía. Un informe de la Central de Ideas del BCRA estimó que cada peso
invertido en obra pública genera 2,8 veces su valor en actividad económica
adicional en el transcurso de un año. Al eliminar esta fuente de impulso, se
corre el riesgo de profundizar la recesión y debilitar la recuperación del
consumo y la inversión privada, tal como estamos viendo.
Entonces, la inversión
en obra pública no solo provee la infraestructura necesaria para el desarrollo
del país, sino que también actúa como un motor clave para la economía. Su colapso
durante la actual gestión plantea serias dudas sobre las perspectivas de
crecimiento y generación de empleo en 2025 y en los próximos años. La
experiencia internacional y los propios datos económicos nacionales muestran
que una reducción tan abrupta en el gasto de capital puede tener efectos
negativos persistentes. Resta por ver si el Gobierno reconsiderará su
estrategia o si mantendrá el ajuste a costa de un mayor deterioro económico y
social.
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