El proyecto para establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles recibió un amplio respaldo de entidades empresarias, agroindustriales, productivas y académicas, que reclamaron al Senado un rápido tratamiento y la aprobación definitiva de la iniciativa.

A través de una carta enviada a los legisladores, las organizaciones calificaron el dictamen como un proyecto “superador” y destacaron su potencial para generar inversiones, empleo y mayor desarrollo industrial y energético.

Entre los firmantes se encuentran bolsas de cereales y comercio, cámaras vinculadas a la industria aceitera y de biocombustibles, entidades agroindustriales, cooperativas, productores y representantes del sector azucarero y maicero.

BIOETANOL: EL CORTE SUBIRÍA AL 15%

Uno de los principales cambios propuestos es el aumento del corte obligatorio de bioetanol en las naftas, que pasaría del 12% al 15%.

El nuevo esquema contempla un 6% de bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar, otro 6% proveniente del maíz y un 3% adicional que quedaría sujeto a competencia.

El proyecto también establece que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del mercado, con el objetivo de garantizar la participación de distintos actores.

Para las provincias productoras de caña de azúcar, el incremento del corte representa una oportunidad para ampliar la producción, atraer inversiones y generar mayor agregado de valor en origen.

BIODIÉSEL: EL CORTE PASARÍA DEL 5% AL 10%

En el caso del biodiésel, uno de los puntos más discutidos durante las negociaciones fue la distribución del mercado entre grandes compañías y pequeñas y medianas empresas.

El dictamen establece elevar el corte obligatorio del 5% al 10% y contempla un esquema de participación para las empresas no integradas.

Además, ninguna compañía podrá concentrar más del 10% del mercado, mientras que las pymes tendrán reservado un cupo específico.

La medida busca ampliar la demanda de biodiésel y, al mismo tiempo, garantizar la participación de empresas de diferentes escalas dentro de la cadena productiva.

MÁS PREVISIBILIDAD PARA LAS INVERSIONES

Otro de los objetivos centrales de la iniciativa es generar un marco de mayor previsibilidad para el sector.

El proyecto elimina el precio máximo para los biocombustibles y establece como referencia el valor exportable, modificando el actual esquema de formación de precios.

Además, contempla la posibilidad de incrementar los porcentajes de corte y abre la puerta al desarrollo de nuevos mercados vinculados a los combustibles renovables.

Entre las oportunidades mencionadas aparecen los combustibles sostenibles para la aviación (SAF) y los biocombustibles destinados al transporte marítimo.

EL RESPALDO DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL

Las entidades que respaldaron la iniciativa consideran que una mayor utilización de biocombustibles puede fortalecer las cadenas productivas regionales y generar nuevas oportunidades de inversión.

También remarcaron su aporte a la reducción de emisiones y la descarbonización del transporte, además de la posibilidad de incrementar el agregado de valor sobre materias primas producidas en el país.

El respaldo reúne a sectores con intereses diferentes dentro de la cadena, desde grandes compañías industriales hasta pymes, productores, cooperativas y entidades académicas.

EL PROYECTO, ANTE EL SENADO

El dictamen fue aprobado luego de meses de negociaciones entre el oficialismo, las provincias productoras y distintos bloques políticos.

Durante ese proceso se incorporaron modificaciones para contemplar los reclamos de las provincias azucareras y maiceras y de las empresas productoras de biodiésel.

Ahora, las entidades que respaldan el proyecto buscan que el Senado avance con su tratamiento y convierta el nuevo marco regulatorio en ley.

La aprobación definiría nuevas condiciones para una industria que busca ampliar su participación en la matriz energética argentina, atraer inversiones y generar mayor actividad económica en las regiones productoras.