El giro inesperado de la política hacia las pymes: de la invitación al cierre de puertas

Una nueva regulación está generando profunda preocupación en el sector pyme argentino. La Resolución 1166/2026 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) restringe significativamente el uso de cheques y eCheques en operaciones de cuentas comitentes, obligando a canalizar los fondos únicamente mediante transferencias bancarias. Lo que aparenta ser una medida técnica trae consigo implicaciones económicas graves para miles de empresas pequeñas y medianas.

Durante meses, muchas pymes habían incorporado esta operatoria como herramienta de gestión de capital de trabajo. Más allá del beneficio tributario directo, representaba una señal clara del Estado: accedé al mercado de capitales, formalizate, aprovechá los instrumentos disponibles. Las empresas escucharon ese mensaje y adaptaron sus operaciones en consecuencia.

¿Una mejora regulatoria o una jugada de recaudación fiscal?

El timing de la decisión genera sospechas fundadas entre los empresarios. Los números son contundentes: el Impuesto al Cheque registró caídas reales del 11% en junio, 6,3% en julio y 9% en agosto. Justo cuando la recaudación de este tributo se desmorona, aparece una resolución que cierra la herramienta que permitía a las empresas reducir legalmente su carga tributaria.

La contradicción resulta insostenible desde la perspectiva empresarial. Mientras el Gobierno proclama una agenda de desregulación y reducción de impuestos, en los hechos ocurre exactamente lo opuesto: se elimina una alternativa legal que permitía a las pymes minimizar su presión fiscal.

Quiénes ganan y quiénes pierden con esta medida

Existe un patrón preocupante en cómo se distribuyen los costos de estos cambios. Dos actores emergen como beneficiarios claros: el Estado, que recupera recaudación tributaria, y el sistema financiero, que vuelve a captar fondos que antes circulaban por el mercado de capitales sin pasar necesariamente por sus cofres.

Del otro lado de la ecuación permanecen las pymes: las mismas que necesitan acceso a crédito, las que generan empleo genuino, las que sostienen la economía local, y las que el Gobierno dice querer formalizar e incorporar al mercado de capitales.

La demanda de coherencia desde el sector

Desde la Federación Gremial del Comercio e Industria (FECOI) subrayan un punto fundamental: no se pide privilegios, sino coherencia normativa. Si la estrategia estatal consiste en invitar a las pymes al mercado de capitales, no es razonable primero abrirles la puerta y luego cerrarla cuando conviene recaudar.

La lógica de política económica que emerge de estas decisiones resulta contradictoria y erosiona la confianza empresarial. Cambiar reglas poco tiempo después de su implementación, especialmente cuando el cambio beneficia directamente las cuentas fiscales, genera un mensaje perverso: las reglas son temporales y dependen de la conveniencia del Estado, no de criterios técnicos o de estabilidad.

Lo que necesitan las pymes para crecer

El sector pyme argentino enfrenta desafíos estructurales que trascienden esta resolución específica. Requiere menor presión tributaria, acceso ampliado a financiamiento y reglas estables que no cambien según la situación fiscal del momento.

Desregular cuando la recaudación sube y recaudar cuando baja no es un modelo de política económica viable para las pequeñas y medianas empresas. Es, en realidad, trasladarles nuevamente el costo del ajuste fiscal del Estado. Mientras tanto, la confianza empresarial se erosiona, y con ella, las posibilidades de que las pymes inviertan, crezcan y generen empleo en Buenos Aires y el interior del país.