Llaryora pone a las pymes en agenda: el reclamo por un RIGI propio

En un gesto que refleja la presión política sobre el actual gobierno nacional, el gobernador Llaryora elevó un reclamo específico por la creación de un régimen tributario especial dedicado a las pequeñas y medianas empresas: un "RIGI pyme". La demanda llega en un contexto donde la industria argentina enfrenta restricciones crediticias, inflación persistente y una caída sostenida en la actividad económica, lo que ha impactado particularmente a las PyMEs que concentran más del 60% del empleo industrial en el país.

El planteo no es menor. Las pequeñas y medianas empresas constituyen el núcleo duro de la producción nacional, pero también son las más vulnerables a los ciclos de contracción económica y a las políticas de ajuste fiscal. La propuesta de Llaryora busca generar un instrumento de estímulo específico para este segmento, similar al régimen de Inversiones Grandes (RIGI) que el gobierno nacional implementó hace meses, pero adaptado a las características y necesidades reales de las PyMEs.

La lógica detrás del reclamo es clara: mientras que las grandes corporaciones pueden acceder a beneficios tributarios y cambiarios a través del RIGI tradicional, las pequeñas empresas —que carecen del volumen de inversión requerido— quedan fuera. Un RIGI pyme vendría a cerrar esa brecha, ofreciendo incentivos fiscales graduales que acompañen el crecimiento de estas unidades productivas sin comprometer el equilibrio fiscal del Estado.

La Ley de Autopartes: una prórroga urgida por la industria

Paralelamente, Llaryora instó a la prórroga de la Ley de Autopartes, otro instrumento que ha mostrado efectividad en el sostenimiento de un sector crítico para la industria argentina. La industria automotriz y de autopartes representa aproximadamente el 4% del PBI y es responsable de decenas de miles de empleos directos e indirectos, con una cadena de proveedores que se extiende a cientos de pymes.

El régimen de autopartes actual ha funcionado como amortiguador para las pequeñas proveedoras que dependen del ecosistema automotriz. Sin una prórroga, estas empresas enfrentarían una merma abrupta en beneficios impositivos, lo que probablemente se traduciría en despidos, reducción de inversión y eventual desinversión. La solicitud de Llaryora refleja la urgencia de mantener viva una política industrial que ha demostrado sostenibilidad.

PyMEs bajo presión: el contexto macroeconómico

El timing del reclamo es revelador. Las pymes argentinas transitan un período especialmente complejo: tasas de interés elevadas (que desestimulan la inversión), acceso restringido al crédito bancario, y una demanda interna comprimida por la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores. Según organismos como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad en pequeños comercios e industrias acumula meses de caída interanual.

Frente a este panorama, un instrumento tributario como el "RIGI pyme" no sería un lujo, sino una herramienta defensiva para evitar una destrucción mayor del tejido productivo. Las pymes no tienen la capacidad de las grandes corporaciones para relocalizar operaciones o esperar ciclos largos de recuperación; operan con márgenes ajustados y dependen de la demanda local.

Autopartes: un ecosistema que requiere continuidad

La Ley de Autopartes, por su parte, ha funcionado durante años como un estabilizador del empleo en el sector. Sin embargo, cualquier régimen tributario especial enfrenta la tensión permanente entre su sostenibilidad fiscal y su efectividad para mantener sectores productivos vivos. La prórroga solicitada por Llaryora implica, necesariamente, una discusión más amplia: ¿cuál es el rol que el Estado argentino está dispuesto a jugar en la competencia industrial global? ¿Puede permitirse discontinuidades que desarticulen cadenas de proveedores?

La industria automotriz argentina, aunque ha sufrido retrocesos importantes en los últimos años, sigue teniendo ventajas comparativas en ingeniería y costos laborales respecto a otros mercados de la región. Una prórroga de la Ley de Autopartes sería una señal de que el gobierno nacional reconoce la importancia estratégica de mantener competitiva esa industria.

¿Qué esperar en los próximos meses?

El reclamo de Llaryora representa presión política desde el federalismo sobre decisiones de política económica que se toman en Buenos Aires. En los próximos meses, será fundamental observar si el gobierno nacional evalúa favorablemente estas demandas o mantiene una postura de restricción fiscal que impida nuevos instrumentos de estímulo. La respuesta probablemente dependerá de varios factores: el nivel de tensión cambiaria, la disponibilidad de dólares en reservas, y el costo político de profundizar el ajuste en la actividad económica.

Lo que está claro es que la presión sobre pymes y sobre sectores como autopartes no desaparecerá; seguirá siendo un tópico de agenda mientras persista la contracción económica. La próxima movida corresponde al gobierno nacional.